El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de Bernardo Miguel Elías Vidal, elegido Representante a la Cámara, por la circunscripción electoral de Córdoba, para el periodo constitucional 2006-2010 y Senador de la República, para los periodos 2010-2014 y 2014-2018, y de Plinio Olano Becerra, elegido Senador de la República para los periodos 2006-2010 y 2010-2014.

La determinación fue adoptada por la Sala 17 de Decisión al resolver la solicitud presentada por Pablo Bustos Sánchez, por haber incurrido en tráfico de influencias debidamente comprobado, y en subsidio de ello, en su orden, por haber realizado indebida destinación de dineros públicos, o haber violado el régimen de incompatibilidades, hechos estos que se encuentran descritos como causales de pérdida de investidura en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 183 de la Constitución, dentro del proceso contractual de la Ruta del Sol II.

Sánchez Bustos indicó que, Bernardo Miguel Elías Vidal, en calidad de Representante a la Cámara por la circunscripción de Córdoba, y Senador de la República, intervino de manera activa y reiterada para favorecer irregularmente los intereses de la firma Odebrecht, de diversas formas, entre otros contratos, el de concesión Ruta del Sol II y su otrosí Ocaña-Gamarra, mediante exigencias y compromisos de pago de sumas multimillonarias, en su favor, percibidas directamente o por intermedio de terceros, en dinero en efectivo o mediante contratación simulada. Lo consideró una pieza clave en los más grandes saqueos al erario y la moral pública.

Aseguró que Bernardo Miguel Elías como congresista obtuvo dineros ilegales de contratos simulados celebrados entre Odebrecht y Gabriel Dumar a través de un Consorcio llamado SION, para recibir coimas por un valor cercano a los $10.000 millones. Lo mismo hizo por medio de otro contrato suscrito con Mauricio Vergara, representante legal del Consorcio Piedra Angular, por un valor similar al anterior, con el mismo objetivo de cobrar dineros por las gestiones adelantadas en su favor. Esta actuación se repitió respecto del exbanquero Eduardo Zambrano en los contratos que Odebrecht le pidió suscribir con Mauricio Bula, primo de Otto Nicolás Bula.

El peticionario adujo que Otto Bula declaró ante la Corte Suprema de Justicia, que Odebrecht le hizo pagos a Bernardo Elías, inicialmente por $480 millones, con el fin de que moviera influencias en las comisiones tercera, cuarta y sexta del Senado para que el contrato de construcción de la obra Ocaña-Gamarra le fuera entregado de manera directa a Odebrecht sin necesidad de convocar a licitación pública.

El dinero, según el conductor de Miguel Elías, fue retirado en el centro comercial Alamedas en la ciudad de Montería, y luego entregado a Básima Elías. El accionante aseguró que los hechos narrados por Bula fueron corroborados en tiempo, modo y lugar por otros testigos. Indicó también que, según Bula, Odebrecht acordó con dos grupos de congresistas, de los que formaban parte los accionados, el pago de una comisión de éxito a la tasa del 10% sobre el valor del contrato de la vía Ocaña -Gamarra. Esa comisión tendría un valor en pesos cercano a los $90.000 millones y retribuía el servicio del aval que se daría, desde el Congreso, a la adición del objeto del contrato de la Ruta del Sol II.

En cuanto a Plinio Olano Becerra, señaló que en su calidad de Senador, se comprometió a favorecer y privilegiar irregularmente los intereses contractuales de Odebrecht al punto de erigirse en la pieza clave de esa organización criminal de corrupción al interior del Congreso de la República y antepuso, al interés general, los intereses privados en contratos como el de la concesión Ruta del Sol II y su otrosí No 6 para el tramo Ocaña-Gamarra, solicitando, acordando y percibiendo millonarias contraprestaciones ilegales de carácter remuneratorio e instrumentando la función parlamentaria propia y la de otros congresistas especialmente de las comisiones relacionadas con dicho contrato, y otro tanto con la función de control político que terminó poniéndola en la feria de los intereses abiertamente ilícitos de Odebrecht.

Para el solicitante la actividad de Plinio Olano se concretó, según afirmó el confeso exviceministro Gabriel García Morales, en las presiones que ejerció antes de la firma del contrato Ruta del Sol II y su otrosí, Ocaña-Gamarra, toda vez que era considerado “el hombre de Odebrecht en el Congreso”.

Relató Sánchez Bustos que el directivo de Odebrecht, Luiz Bueno, le confirmó a Gabriel García la valía de Olano como una de las principales fichas de esa multinacional en el Congreso de la República. Al respecto transcribió apartes de una versión rendida por García, del siguiente tenor literal: “Cuando le pregunté a Luiz Bueno de que, si Plinio Olano se estaba beneficiando de Odebrecht, él me respondió que sí, me dijo: tranquilo, yo me encargo de eso. Después de esa reunión más nunca volvía a saber de Olano”.

Esa reunión, dijo, según afirmó García Morales, se realizó en el apartamento del empresario Juan Manuel Barraza. También indicó que García Morales, en una grabación en poder de la Fiscalía, dijo que Plinio Olano, “le estaba alistando un debate de control político y que también lo estaba presionando, diciéndole que sabía que los Nule lo tenían comprado para la asignación de la Ruta del Sol II”. Insistió el accionante en que la presión ejercida por el Senador Plinio Olano sobre los servidores públicos competentes para tomar decisiones respecto de estos contratos, obrando como ficha clave o como “el hombre de Odebrecht” en la comisión sexta a cargo de los temas de infraestructura, se reflejó en repetidos debates de control político en los que el verdadero objetivo, según los directivos de esa empresa, era “apretar” a Luís Fernando Andrade. Sánchez Bustos narró que Eleuberto Martorelli, Gerente de Odebrecht Colombia, dijo que esta contó con la colaboración de congresistas de las comisiones 3ª, 4ª y 6ª (esta última, a la que pertenecía Olano) para la aprobación de la obra Ocaña– Gamarra.

En palabras del peticionario, los dos congresistas acusados “hipotecaron” su función parlamentaria, y en particular, en el caso de Plinio Olano, la función de control político, para doblegar, no sólo al Congreso de la República, sino al ejecutivo central, capturando, contaminando y sometiendo a las agencias más importantes de la contratación de infraestructura del país, respecto de proyectos estratégicos en la vida nacional y de recursos ingentes, a los intereses de una empresa criminal de alto vuelo, cuidadosamente articulada y construida para abatir los intereses colectivos y saquear las finanzas públicas.

El Consejo de Estado desestimó los argumentos de la defensa y en consecuencia decretó la pérdida de investidura de ambos.